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Los trenes de Madrid: De la Grange analiza la sentencia del juicio por los atentados del 11 de marzo de Madrid y el duro desmentido que significó para la clase política. Para la derecha, porque ETA no estaba detrás del atentado, y para la izquierda, porque la participación española en la guerra de Iraq no había sido su desencadenante.

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El pasado 31 de octubre, a las once de la mañana, España contuvo el aliento. Radios y televisiones interrumpieron su programación habitual. A esa hora, el juez Javier Gómez Bermúdez, el carismático presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desganaba la sentencia de los terribles atentados del II de marzo de 2004. Aquellas bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid, tres días antes de las elecciones generales, dejaron 191 muertos, 1,841 heridos y un país entero roto por el dolor. Pero también dinamitaron la vida política y abrieron en la sociedad española una herida que aún supura.

No había sido la ETA ni tampoco Iraq. Ni los terroristas vascos ni la decisión del gobierno de José María Aznar de apoyar la guerra para derrocar a Saddam Hussein estuvieron en el origen de los atentados, sino el fanatismo islamista. La fiscalía había intentado presentar el rompecabezas completo, con autores intelectuales, autores materiales y cómplices. El tribunal, sin embargo, vio que varias piezas no encajaban.

De los veintinueve acusados, ocho quedaron absueltos. Otros dieciocho recibieron penas de entre tres y veintitrés años, la mayoría por "pertenencia a banda terrorista", pero sin que hubiera quedado probada su participación específica en el II-M. Los tres supuestos "cerebros" salieron muy bien parados: uno absuelto, y los otros dos condenados a quince y doce años (la fiscalía había solicitado 38,962 años para cada uno). Sólo tres procesados recibieron un castigo de decenas de miles de años, de los que cumplirán un máximo de cuarenta: dos marroquíes y un antiguo minero español que había facilitado la dinamita.

Los murmullos fueron acallados por el juez. A la salida, Bárbara Morales, que perdió a su marido en las explosiones, resumía el sentir de las víctimas: "Matar sale muy barato en este país."

La esperada catarsis se transformó en desasosiego. La fiscalía veía cómo quedaba expuesta la fragilidad de su andamiaje. Las generosas indemnizaciones ordenadas por el tribunal apenas aliviaban la desazón de las víctimas, que habían querido creer que el caso estaba ganado. Y los dos principales partidos, enzarzados desde ese fatídico II-M en una lucha sin cuartel sobre la identidad y la motivación de los autores, se sumían en el desconcierto.

Un sector del conservador Partido Popular (PP) seguía viendo la mano del terrorismo vasco en una enrevesada trama destinada a despojarlos del gobierno, como ocurrió de hecho en las elecciones, tres días después de los atentados. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganador de los comicios en el 2004, esgrimía la guerra de Iraq para culpabilizar a Aznar del peor atentado registrado en España. Uno y otro buscaron las dos palabras clave en las setecientas veinte páginas del veredicto. Las siglas "ETA" aparecían doce veces, pero para descartar los informes presentados por una de las defensas, que sugería la posible participación de los terroristas vascos. En cuanto a la palabra "Iraq", el buscador de los ordenadores encontró trece menciones, pero los jueces tampoco vinculaban la situación en ese país con la decisión de atentar en Madrid. El veredicto parecía quitarles a ambos los argumentos que habían usado como arma arrojadiza durante casi cuatro años de crispado debate político,...

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