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¿La justicia de quien? El destino de Saddam Hussein: las víctimas de Hussein podrán ser, de alguna manera, retribuidas cuando se sentencie al tirano. Pero, ¿se hará realmente justicia? El imperio del derecho tiene sus límites, afirma David Rieff en este punzante texto en donde también el pacifismo y el movimiento en pro de los derechos humanos son sometidos al gélido examen de la realpolitik.

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AMEDIADOS DE LOS AÑOS NOVENTA, UNA DE LAS PRINCIPALES organizaciones estadounidenses de derechos humanos, la cual durante mucho tiempo había reunido pruebas respecto de los crímenes de Saddam Hussein en contra de su propio pueblo, inició una campaña prolongada para llevar al dictador iraquí ante un tribunal internacional por cargos de crímenes de guerra, tortura, crímenes contra la humanidad y genocidio, cargos que, como justamente consideraban ellos, no sería difícil comprobar. Toda vez que razonablemente no podía esperarse que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizara un tribunal internacional ad hoc como lo había hecho en los casos de la que fue Yugoslavia y de Ruanda, y que la Corte Penal Internacional todavía no existía, estos activistas se propusieron tratar de convencer a varios gobiernos simpatizantes de Europa occidental de llevar ajuicio al gobierno de Iraq ante el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, único foro importante ante el que los Estados pueden presentar cargos contra otros Estados, con fundamento no en el derecho mercantil sino en el derecho internacional humanitario.

A nadie sorprendió que sus esfuerzos resultaran vanos. Pese a todo lo que se decía de "terminar" con el orden de Westfalia --sistema en que el derecho internacional restringía lo que los Estados podían hacer internacionalmente, pero consideraba pocas restricciones políticas respecto de lo que podían hacer dentro de sus propias fronteras con sus propios ciudadanos--, la soberanía del Estado era entonces, como hasta hoy, ya instalado el Tribunal Penal Internacional, la base del sistema internacional. Los gobiernos socialdemócratas de la Unión Europea podrían desear poner fin a la impunidad de los tiranos, lo cual resulta atractivo para importantes sectores dc su población, pero no estaban dispuestos a romper con las normas de la diplomacia internacional hasta el punto de presentar cargos que habrían puesto real mente en peligro la legitimidad de Saddam Hussein como gobernante de Iraq, sobre todo en un momento en que esos mismos gobiernos levantaban la voz cada vez más alto para exigir que se revocaran las sanciones que, aunque inspiradas por Estados Unidos, las Naciones Unidas imponían en contra de Bagdad.

Pero los europeos habían sido la última esperanza de los grupos de derechos humanos, puesto que por lo menos creían en la justicia internacional y, no obstante que en la práctica no fueran tan confiables, se mostraban respetuosos en relación con este compromiso. En contraste, pese a todas sus declaraciones acerca de la importancia de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por Bill Clinton, no difería realmente tanto de sus predecesores, en cuanto al tradicional escepticismo estadounidense frente a los tratados internacionales, sobre todo los que pudieran subordinar la autoridad de la Constitución estadounidense a algún instrumento legal de carácter multilateral o multinacional. Recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, aunque tirara para perseguir a una figura tan odiada como Saddam Hussein, significaba apelar al mismo tribunal que había defendido a Nicaragua contra Estados Unidos durante la guerra de los contras de los años ochenta. Y eso no era probable que lo hiciera ni siquiera un gobierno estadounidense supuestamente liberal. Washington prefería, con mucho, su propia receta para someter al régimen baathista de Bagdad; es decir, los recursos típicos de un Estado para obligar a otro: la tuerza, bajo la forma de zonas de exclusión aérea y de una campaña intermitente de bombardeos desde el aire, y la presión económica en la modalidad de un embargo de las Naciones Unidas en contra de Iraq.

Desde luego que la mayoría de los activistas pro derechos humanos declaró entonces...

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