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Article Excerpt La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL) es poca cosa. Sus veintisiete artículos, agrupados en cinco capítulos --en cuya numeración se coló, oh malvado duende de las imprentas, más de una errata--, pretenden apenas satisfacer el adagio chino de que todo largo camino empieza con un primer paso. En su gestación hubo que someterla a una cruel dieta de realismo pues el cúmulo de propuestas en que se basó, recabadas durante un largo y fructífero proceso de consulta, incluía todo tipo de disposiciones, desde disparatadas obligaciones respecto de las regalías hasta ambiciosos estímulos en materia forestal, pasando por el reclamo más añejo de los editores de libros de texto: que no participe el Estado como productor de obras para los estudiantes de educación primaria. El sobrealimentado proyecto de ley estaba condenado al rechazo legislativo, pues por un lado la técnica jurídica y por el otro los intereses creados impiden que un ordenamiento de esta naturaleza imponga obligaciones hacendarias, sea sobre la recaudación o sobre el gasto, y dificultan establecer compromisos de largo plazo. La Arcadia libresca con la que soñamos, en la que ciudadano es sinónimo de lector, ha de construirse, entonces, hoja por hoja; la ley de marras es, si acaso, tan sólo la página legal.
Al no existir consenso sobre por qué se lee tan poco en México, o por qué la industria del libro es tan exigua, o cuál debe ser el grado de intervención del Estado en las actividades culturales, difícilmente puede esperarse que un programa de acciones como el que se deriva de la LFLL conquiste la aprobación unánime. Por ello, haber alcanzado una ancha mayoría --todos los senadores, casi la totalidad de los diputados, amplísimos sectores del mundo del libro, desde autores hasta vendedores-- es mucho más que un triunfo democrático: es a lo más que se puede aspirar cuando se debate un conjunto de medidas de aplicación general, medidas que tratan de equilibrar fuerzas que llegan a apuntar en direcciones opuestas. La ley que aprobó la LIX Legislatura en marzo y abril de 2006 no puede, no pretende ser monedita de oro: aun quienes la apoyan reconocen sus límites y quienes se oponen a ella blanden argumentos que van de la obtusa ortodoxia neoliberal al oneroso estatismo que atribuye un poder redentor, sin límites, a la intervención del gobierno. Toda defensa de esta legislación relegada por ahora al limbo, y estos párrafos aspiran a serio, exige un examen de los supuestos que le dieron vida, no por un afán criticón sino para identificar sus porqués, acotar sus alcances y expandir su potencial.
La ley que el presidente Fox devolvió con observaciones al Senado --ése es el eufemismo constitucional para referirse al veto-- es tan sólo la mínima plataforma de despegue, no el detallado plan de navegación que requieren los libros para alcanzar una deseable omnipresencia. Es la médula de un infinito universo de acciones que deberían emprenderse y contiene algo parecido a un "metadeseo", o sea un deseo respecto de los deseos mismos: en vez...
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