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El ambulantaje es la cabeza de la hidra de muchos de los problemas que acosan a la ciudad de México: evasión fiscal, piratería, robo de mercancías e importación ilegal, aparte de los obvios (suciedad, contaminación visual, ruido, apropiación del espacio público ...); todo ello, con la complicidad abierta o disfrazada de las autoridades. Al mismo tiempo, es la válvula de escape de una sociedad sin suficientes mecanismos de ascenso social y un mercado que abastece a las clases populares. Cynthia Ramírez recorrió los pasillos de la burocracia delegacional y actuó como ambulante para conocer por dentro los resortes de esta actividad multimillonaria y miserable al tiempo.
En México, el comercio informal de mercancía legal representa la transacción de miles de pesos por minuto: el equivalente al 12.2 por ciento del PIB del país, poco más de tres veces lo generado por la agricultura y la ganadería juntas. En el caso de DF, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer trimestre de 2006 se contabilizaron 705,138 personas "subocupadas", es decir, dedicadas al trabajo informal. Esta cifra no incluye a los que se dedican a comerciar piratería, contrabando o cosas robadas, ni a los que comercian mercancía legitima pero no están dados de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Nadie sabe, entonces, cuántos ambulantes hay en la ciudad, tal vez porque en realidad eso es lo de menos: lo que importa es que todos --vendan cosas legales o ilegales-- se caen con la mordida y lo hacen a la luz pública. El hecho de que la venta de, por ejemplo, discos piratas se considere parte de la "economía subterránea" --las ventas se hacen con bocinas de gran volumen y sobre el primer carril del Eje Central-- describe por sí mismo el nivel de realismo y denuedo con que las autoridades enfrentan el problema.
Lo más curioso de todo es que existe un programa gubernamental --con funcionarios, administradores, secretarias, oficinas, fotocopiadoras, computadoras y cafeteras (y tazas y azucareras y cucharitas) que se ocupa de regularizar a los comerciantes en la vía pública, es decir: de hacer algo que en realidad no se hace, y que nadie se esfuerza ya ni siquiera por ocultar un poco: cada cumbia a decibeles imposibles por las banquetas del centro como desmentido.
El Programa de Reordenamiento de Comercio en la Vía Pública data del 2 de marzo de 1998, cuando el Gobierno del Distrito Federal (GDF), bajo la administración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cedió a la "voluntad de resolver, paulatina pero eficazmente, los problemas derivados del comercio en la vía pública". Los objetivos del programa se enfocaban en contribuir a mejorar el entorno urbano y la convivencia social, mientras se iban ofreciendo opciones a la economía informal para que transitara gradualmente a la economía formal civilizada. El problema, con tan buenas intenciones, estribó en que el programa no tiene figura jurídica representativa, de modo que no cumplido o, mejor aún, inscribirse en él o dejar de hacerlo carece de repercusión legal alguna, lo cual, por cierto, habla mucho del ánimo de las autoridades para dotar de herramientas jurídicas a la reglamentación de estas actividades.
Hoy día, coordinar este programa depende de la Dirección General de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública que, de acuerdo con el SISCOVIP (Sistema de Comercio en Vía Pública), ha incorporado a la fecha a 98,319 comerciantes--aunque fuentes cercanas a esta Dirección coinciden en señalar la candidez de este dato, y estiman que los mercaderes en activo por lo menos triplican este número.
Las actividades que se pretendió normar con el Programa de Reordenamiento de Comercio en la Vía Pública eran --son-- las relativas al comercio que se realiza en calles y plazas públicas, ya se trate de:
--Comerciantes instalados con puestos fijos, semifijos o rodantes en calles y plazas públicas,
--Concentraciones que se realizan en festividades populares, y
--Comerciantes ambulantes.
La entrega de los permisos se regía bajo las siguientes consideraciones:
--Sólo se otorgaba uno por persona, de su uso exclusivo, con la intención de evitar que las organizaciones comerciales cooptaran al interesado;
--La actividad que amparaba el permiso debía ser la única o la principal para la subsistencia del solicitante, quien no podía ser a la vez comerciante establecido, ni locatario de un mercado, ni propietario, arrendatario o usufructuario de cualquier local en las plazas, corredores, bazares o planchas comerciales;
--Se procuraría que los menores de edad fueran canalizados al aprendizaje de artes, oficios o profesiones, a través de la gestión de becas a su favor;
--Se daría trato preferencial a los minusválidos, madres solteras y personas en la tercera edad, y
--Para todos los efectos legales, se entendía que el giro era lícito y las...
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