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En esta reveladora investigacíon, Judis y Ackerman --redatores de la revista The New Republic-- documentan con detalle la ruta de encubrimiento, sesgo y falsificacíon que conformaron el argumento principal de Estados Unidos para declararle la guerra a Iraq: la posesión de armas de destrucción masiva. Al no hallar datos sólidos que confirmaran la existencia de esas armas, la elite en el poder, sencillamente, decidió mentir.
LA POLÍTICA EXTERIOR SIEMPRE ES DIFÍCIL EN LAS DEMOCRACIAS. La democracia exige apertura, pero la política exterior requiere de cierto grado de reserva que la exime de supervisión y permite que cometa algún abuso. En consecuencia, los republicanos y los demócratas desde hace mucho tiempo han sostenido que los servicios secretos --las instituciones más clandestinas de la política exterior-- deben estar al margen de toda interferencia política, igual que los niveles más altos de la magistratura. Como advirtió la Comisión Tower, establecida para investigar el escándalo Irán-contra, en noviembre de 1987: "La manipulación de los servicios secretos para influir en las decisiones de los funcionarios electos y del público subvierte los procesos democráticos."
Si acaso, este principio ha cobrado más importancia desde el II de septiembre de 2001. La guerra de Iraq ofreció a Estados Unidos un nuevo modelo de defensa: la guerra preventiva, que se emprende en reacción con el pronóstico de un próximo ataque contra este país o sus aliados. Tal clase de política de seguridad requiere que el público base su apoyo u oposición en una información secreta a la que no tiene acceso directo. No obstante, depende del presidente y de su gobierno, que tienen un gran interés en lograr determinado resultado político, que se presenten con rigor los resultados obtenidos por los servicios de inteligencia. Si un gobierno presenta en forma incorrecta la información obtenida por los servicios secretos, en realidad impide tomar decisiones informadas sobre la cuestión más importante que afronta un país: si hacer o no una guerra. Eso es exactamente lo que hizo el gobierno de Bush al tratar de convencer al público y el Congreso de que Estados Unidos debía hacerle la guerra a Iraq.
Desde fines de agosto de 2002 hasta mediados de marzo del año en curso, el gobierno de Bush justificó la guerra con la amenaza que representaban para Estados Unidos las armas nucleares, químicas y biológicas de Saddam Hussein, además de los supuestos lazos de éste con la red terrorista de Al Qaeda. Los funcionarios evocaban imágenes de nubes nucleares iraquíes levantándose como hongos desde las ciudades estadounidenses, y de Saddam dándole a Osama Bin Laden armas químicas y biológicas que podían utilizarse para producir nuevos onces de septiembre más letales. En Nashville, el 26 de agosto de 2002, el vicepresidente Dick Cheney advirtió que había un Saddam "armado con un arsenal de estas armas del terrorismo", capaz de "poner en peligro directamente a los amigos de Estados Unidos en toda la región y someter a Estados Unidos o a cualquier otro país a un chantaje nuclear". En Washington, el 26 de septiembre, el secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, aseguró que tenía pruebas "contundentes" de los nexos de Saddam y Al Qaeda, y el 7 de octubre, en Cincinnati, el presidente George W. Bush advirtió: "No se debe permitir al dictador iraquí poner en peligro a Estados Unidos y el mundo con horribles venenos y enfermedades y gases y armas atómicas." El presidente, citando la asociación de Saddam con Al Qaeda, añadió que "esta alianza con los terroristas podría permitir al régimen iraquí atacar a Estados Unidos sin dejar huellas".
Pero no hubo consenso en los servicios de inteligencia de Estados Unidos de que Saddam representara un peligro tan grave ni inminente. Más bien, las entrevistas con funcionarios actuales y anteriores de inteligencia, y con otros expertos, demuestran que el gobierno de Bush entresacó de los servicios secretos de Estados Unidos los comentarios que apoyaran su posición y omitió los contrarios. El gobierno no tomó en cuenta --es más: eliminó-- las diferencias que había en el seno de los organismos de inteligencia, y presionó a la CIA para que confirmara su versión sobre el peligro que Iraq representaba. También obstaculizó y trató de desacreditar a los inspectores internacionales, cuando los resultados obtenidos por éstos podían debilitar el apoyo a la guerra.
A tres meses de la invasión, Estados Unidos todavía no ha encontrado las armas químicas y biológicas que diversos gobiernos y las Naciones Unidas han pensado durante mucho tiempo que Iraq tuviera. Y es poco probable que encuentre un programa de armas nucleares reconstruidas o pruebas de actividades conjuntas con Al Qaeda, los dos elementos repetidamente anticipados por el gobierno de Bush, que fueron las principales justificaciones de la guerra. Cualquier cosa que se encuentre, lo más importante para la democracia de Estados Unidos será si el gobierno le dio a los estadounidenses una explicación rigurosa y exacta de lo que sabía. A la fecha, todo demuestra que no fue así, y el costo para la democracia de Estados Unidos podría sentirse en los próximos años.
La batalla por la información secreta Otoño de 2001--otoño de 2002
El gobierno de Bush decidió hacerle la guerra a Iraq a fines del otoño de 2001. El fin de semana después de los ataques del II de septiembre, en Campo David, Paul Wolfowitz, subsecretario de la Defensa, sugirió acusar a Iraq, que tenía más de veinte años de estar en la lista de terroristas del Departamento de Estado. El escritor de discursos David Frum narra que en diciembre, después de la campaña de Afganistán contra Bin Laden y los talibán, le pidieron que redactara una justificación de la guerra contra Iraq para incorporarla en el Discurso de Bush sobre el Estado de la Nación, de enero de 2002. Pero en la campaña del año siguiente con el público de Estados Unidos, en favor de la guerra, el gobierno de Bush se topó con grandes obstáculos.
Inmediatamente después del II de septiembre de 2001, muchos estadounidenses habían asociado automáticamente el régimen de Saddam con Al Qaeda y respaldaban con entusiasmo la invasión. Pero conforme fue pasando el horror inmediato del II de septiembre y concluyó con éxito la guerra en Afganistán (y la economía comenzó a descender), disminuyó el entusiasmo en Estados Unidos. Para mediados de agosto de 2002, una encuesta de la Gallup reveló que el apoyo a la guerra contra Saddam estaba en su punto más bajo desde el II de septiembre, con un 53 por ciento a favor y un 41 por ciento en contra, en comparación con el 61 por ciento y el 31 por ciento, respectivamente, de dos meses antes. También la elite comenzaba a oponerse a la guerra, no sólo los demócratas liberales sino también anteriores funcionarios republicanos, como Brent Scowcroft y Lawrence Eagleburger. En el Congreso, incluso algunos republicanos conservadores, como el dirigente de la minoría del Senado Trent Lott y el dirigente de la mayoría de los representantes de la Cámara Baja, Dick Armey, comenzaron a expresar dudas sobre la justificación de la guerra. Armey declaró el 8 de agosto de 2002: "Si tratamos de atacar a Saddam sin una provocación, por odioso que sea, no contaremos con el apoyo de otros países que podrían apoyar."
Sin que el público lo supiera, el gobierno también afrontaba una oposición igual en el seno de sus servicios secretos. En la CIA, muchos analistas y funcionarios no creían que Iraq representara un peligro inminente. Rechazaban, en particular, la relación entre Saddam y Al Queda. Según un reportaje de The New York Times de febrero de 2002, la CIA "no había encontrado...
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